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Post date: Oct 22, 2014 8:35:01 PM
El 'caso Iguala' crece y se está convirtiendo en un terremoto político y social en México. Los vínculos entre policías y narcos, algo que, en un principio, el Gobierno quería mostrar como un excepción, se extienden y las convocatorias de protestas se multiplican porque los 43 estudiantes desaparecidos hace 25 días siguen sin aparecer.
El domingo por la noche, el comisionado de seguridad nacional, Monte Alejandro Rubido, hizo dos anuncios que demostraban la magnitud de la descomposición de ciertas zonas del país. Por un lado, pidió ayuda internacional. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicitó medidas de protección para las víctimas, y al Comité Internacional de la Cruz Roja colaboración en las labores de búsqueda.
Por otro lado, anunció que la investigación en Iguala ha sacado a la luz "presuntos nexos entre elementos de seguridad y la delincuencia organizada" en 13 nuevos municipios tanto de Guerrero como del estado de México. Es decir, que los ataques contra los jóvenes no fueron el resultado de un grupo de policías perturbados presuntamente a las órdenes de un capo o de un alcalde ahora fugado, sino parte de un entramado mucho mayor. Y como han denunciado varias organizaciones internacionales, incluida la ONU, el Estado mexicano es responsable.
La Policía Federal ya ha asumido el control de la seguridad en todos esos municipios, ha desarmado a los agentes locales y ha enviado a sus responsables a un centro de capacitación del ejército donde serán sometidos a controles de confianza.
Los avances en la investigación pueden suponer un alivio puntual para los ciudadanos;pero las fuerzas federales cada vez están más en entredicho. Muy cerca de la región intervenida, un área de más de 200 kilómetros al suroeste de capital -corredor estratégico que se disputan varios cárteles- tuvo lugar el 30 de junio otra "excepción", en palabras del Gobierno mexicano: la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales a manos del ejército en Tlatlaya y por la que son investigados varios militares pero ningún mando.
México vive su peor crisis de derechos humanos desde 1968, según Human Rights Watch, que denuncia un escenario de "impunidad total".
Por María Verza, El Mundo, 22 de Octubre del 2014
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